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El proyecto Protect inicia su andadura en 2003 en Camboya, uno de los países más pobres de Asia. El 77 % de sus 14 millones de habitantes sobrevive con menos de dos dólares al día. Gran parte del problema de la pobreza proviene de la pérdida de tierras de cultivo, la falta de oportunidades y los desastres naturales. Esta situación refuerza el flujo de migración del campo a la ciudad y, en los últimos años, a las florecientes zonas turísticas.
Organizaciones locales estiman que por lo menos entre 1.000 y 1.500 niños viven en la calles de Phnom Penh sin mantener vínculos familiares, y que entre 10.000 y 20.000 trabajan en la calle para ellos o sus familias. Esta situación los hace muy vulnerables frente a explotadores sexuales y redes de prostitución. Hay que tener en cuenta que la estabilización de la situación política, desde el año 2000, ha favorecido la expansión del sector turístico y la llegada de extranjeros que deciden fijar su residencia en Camboya donde cerca del 70% de la población tiene menos de 25 años.
Desde los años 90 existen en el país asiático organizaciones implicadas en la lucha contra la prostitución y en la denuncia de los abusos a menores cometidos en el ámbito familiar.
Protect se centra en la explotación sexual infantil que se produce en Camboya fuera de los burdeles y establecimientos destinados al sexo comercial, cuyos autores son mayoritariamente extranjeros. Hasta la puesta en marcha de este proyecto no existía ninguna iniciativa que informase, investigase y denunciase esta realidad.
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Un equipo de más de 29 investigadores persigue a sospechosos y recoge pruebas que posteriormente servirán para demostrar su implicación en abusos sexuales a menores. Para obtenerlas, un día se hacen pasar por conductor, otro por profesor de inglés o vendedor de artesanías... Perspicacia, discreción y paciencia son algunas de las características de un investigador de Protect, quien además de observar, perseguir y tomar imágenes de presuntos agresores sexuales, también aconseja a las potenciales víctimas.
Las tácticas de acercamiento que utilizan los abusadores son muy variadas, aunque el historial de los casos investigados indica que, luego de ocurrido el abuso, suelen persuadir a los niños de que mantengan el hecho en secreto.
Las pruebas recopiladas se entregan a la policía, que posteriormente las utilizará para proceder a detenciones y enjuiciar a los presuntos agresores sexuales.
"Muchas veces entro en las habitaciones del hotel porque la policía que va a arrestar al agresor sexual me pide que haga de traductor, porque de otra manera no podrían comunicarse. Allí aprovechamos para sacar fotos, porque es una evidencia importante que podemos tener". Tola, investigador del proyecto Protect
En la gestión de 2009 se ha trabajado en un total de 610 casos.
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Lograr condenas contra los abusadores forma parte de los objetivos de Protect. En paralelo a la investigación de sospechosos, Protect informa a las víctimas y a sus familias de sus derechos.
Una vez iniciado el proceso judicial contra el abusador, el personal de Protect proporciona a las familias representación legal gratuita, de modo que se persona como acusación y aporta en los sumarios las pruebas testimoniales y fotográficas reunidas durante la investigación. También aportan los resultados de las revisiones médicas que se efectúan a las víctimas.
Los abogados de Protect velan por las garantías judiciales en los procesos y para que los tribunales ofrezcan un trato personal correcto a las víctimas, siempre con escasos recursos para defenderse.
"Durante las investigaciones muchas veces encontramos dificultades para que las familias acepten que sus niños posiblemente han sido abusados por el extranjero. Ése es el principal obstáculo, porque con frecuencia la familia tiene el soporte económico del sospechoso que estamos siguiendo".Seila Samleang, director del Proyecto Protect en Camboya.
En el ejercicio pasado, los dos abogados que trabajan en el equipo Project se han ocupado de 516 casos en los que se han encargado de:
- informar a víctimas y/o familias de sus derechos y sobre el procedimiento legal de la denuncia.
- documentar el caso para presentarlo a las instancias judiciales.
- la representación legal de las víctimas en los juicios.
- el acompañamiento y seguimiento de los casos en los tribunales.
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| ASISTENCIA SOCIAL A LAS VÍCTIMAS |
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Las primeras actuaciones de auxilio a las víctimas incluyen la realización de revisiones médicas y de averiguaciones sobre el entorno del menor. Prácticamente ninguno de los niños abusados tiene identidad legal ni edad reconocida, por lo que es tarea del personal de Protect recabar los pocos datos disponibles sobre su nombre, familia, edad o lugar de nacimiento, cuando ello es posible.
Protect examina uno por uno los casos de los menores que atiende: en algunos casos, la familia puede contribuir a la recuperación de los niños y niñas abusados. En otros, se intenta situarles en un entorno protegido con mayores posibilidades de recuperación, en hogares de acogida de organizaciones locales.
Tres trabajadores sociales han desarrollado las tareas correspondientes a la gestión 2009. Las actividades principales realizadas han sido las siguientes: asistencia social a las víctimas (diagnóstico social, acompañamientos médicos); diagnóstico y acompañamiento familiar (ver si la víctima reúne las condiciones de reubicación familiar y aplicar medidas de acercamiento en los casos que presenten los condicionantes adecuados); derivación a otras instituciones (en coordinación con las autoridades pertinentes, acompañar a las víctimas a hogares y centros de acogida cuando el caso así lo requiera); asesoramiento y atención socio – educativa a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social (potenciales víctimas). En total se han realizado 845 asistencias en 2009.
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Muchos de los niños abusados por agresores sexuales son derivados a hogares de acogida, donde se les proporciona una atención integral: alimentación, educación, atención psicológica… El principal objetivo es ofrecer a los menores un entorno estable y saludable, con todos los recursos necesarios para recuperarse de una infancia difícil. El proceso se consigue con actividades educativas y el trabajo de numerosos expertos.
Protect colabora actualmente con tres Hogares en Phnom Penh.
Los menores deciden voluntariamente su entrada en los Hogares, que funcionan como una gran familia. Mediante el programa de acogida se proporciona a estos niños la oportunidad de desarrollarse y formarse como adultos hasta que se encuentren preparados para iniciar su vida independiente.
"Comencé a ver que algo pasaba cuando vi a mi hija con ropa nueva y un teléfono móvil nuevo; supe del extranjero por mi hija y pensé que quizá no tenía buenas intenciones, porque le había comprado aquellas cosas sin motivo". CH. D, madre de una víctima de abusos sexuales
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El trabajo de los investigadores de Protect ha propiciado la apertura de más de 240 expedientes de investigación sobre actividades presuntamente delictivas relacionadas con la explotación sexual infantil que numerosos ciudadanos extranjeros ejercen en Camboya.
Se han logrado más de 112 detenciones por presuntos abusos sexuales a unas 240 víctimas identificadas.
Del total de arrestos, se han conseguido más de 50 condenas de cárcel, tanto en Camboya como en los diferentes países de origen de los acusados.
Desde el inicio de Protect, y gracias en parte a sus acciones y coordinación con las autoridades locales e internacionales, se ha producido un cambio en la actitud de los cuerpos de seguridad y jurídicos del Estado, lo que ha permitido la detención, procesamiento y condena de gran cantidad de detenidos.
En los últimos 5 años, los detenidos eran ciudadanos de Estados Unidos, Camboya, Alemania, Vietnam, Francia, Reino Unido, Holanda, Austria, Australia, Bélgica, Rusia, Suiza, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá e Italia.
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Camboya tiene suficientes leyes para combatir la explotación sexual infantil. Sólo falta la voluntad de algunas personas para enfrentar el problema como es debido y hacer cumplir la ley". Keo Sakhon, juez del Tribunal Municipal de Phnom Penh.
La Constitución camboyana (art. 48) dice: “El Estado protegerá los derechos de la infancia, particularmente el derecho a la vida, la educación, la protección en tiempos de guerra, y de explotación económica o sexual".
Camboya tiene tipificado desde el 2008 el delito de Explotación Sexual Infantil de forma expresa en la nueva Ley de Supresión de Tráfico Humano y Explotación Sexual que deroga la anterior Ley de Supresión del Secuestro, del Tráfico Humano / Venta de Seres Humanos y Explotación Sexual del 2001, y cualquier norma anterior que la contradiga.
La nueva Ley se adecua por primera vez a la Normativa Internacional, especialmente a las recomendaciones de Naciones Unidas. Bajo la expresión “cualquier forma de explotación” la ley incluye la explotación sexual infantil, el proxenetismo, la pornografía, el tráfico humano y el comercio sexual con menores de 18 años. Para estos delitos se estipulan penas comprendidas entre 15 y 20 años de prisión. En los supuestos de reincidencia se aplicará la pena máxima del delito. Se establece la misma penalidad para la tentativa de delito, para los cómplices y para los traficantes. Asimismo, se regula el nuevo tipo penal de consumo de prostitución infantil con penas de entre 7 y 15 años, y, por primera vez, la posesión de material pornográfico (“todo aquel material visual, ya sea en fotografía, videocasete o en cualquier otro tipo de formato electrónico en el que se represente desnudo el cuerpo de un menor que excite o estimule deseo sexual”) está penado hasta con 5 años de prisión. Sin embargo, su artículo 34 genera ambigüedad legislativa, ya que cita las “relaciones sexuales o cualquier otro tipo de conducta sexual” sin definir con detalle el segundo concepto. Según el mismo artículo, “cualquier conducta sexual con menores” está también penada (entre 2 y 5 años de prisión si la víctima tiene entre 15 y 18 años; y entre 7 y 5 años de prisión si la víctima es menor de 15 años).
En cuanto al ámbito internacional, Camboya tiene firmados y ratificados, desde el año 1992, la Convención de Derechos del Niño de 1989; el Convenio número 182 (“sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación”) de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) desde el año 2006; y, desde el 2002, una de las normas más importantes en este ámbito, el Protocolo Facultativo de la Convención de Derechos del Niño de la ONU relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía del año 2000.
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